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El día de mañana, 23 de octubre, la Comunidad Otomí Residente de la Ciudad de México tendrá la primera reunión de este sexenio con la entrante administración de Clara Brugada. La comunidad también ha pedido que la Jefa de Gobierno esté presente en la reunión.
La reunión fue acordada por el Gobierno de la Ciudad de México el pasado 7 de octubre en el “Día Internacional de los Sin Techo”, motivo por el cual la Comunidad Otomí realizó un mitin político frente a Palacio de Gobierno a pocos días de la entrada de Clara Brugada a la administración de la CDMX.
Esta reunión es de suma importancia, puesto que demostrará si la administración actual tiene la voluntad política para resolver las demandas pendientes de la Comunidad.
Además de perfilar si el discurso de Clara a través del cual argumenta que, respeta y entiende las luchas del pueblo y las necesidades de las comunidades indígenas, se traducirá en acciones concretas; o, al contrario, seguirá con la política de violencia y racismo que Claudia Sheinbaum y Martí Batres mantuvieron durante todo el sexenio pasado en contra de la Comunidad Otomí.
Mientras Clara Brugada firmó el 12 de octubre la Declaratoria del Día de la Resistencia Indígena, la Comunidad Otomí cumplía 4 años en la toma del INPI aún sin acceso a la vivienda y denunciando diversos actos de violencia, represión y criminalización en su contra.
Un sexenio de violencia en contra de la Comunidad Otomí
El 5 de julio del 2024, la Comunidad Otomí dio por finalizadas las Mesas de Diálogo que mantenían con el Gobierno de la Ciudad de México y anunció que mantendrían la toma de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” de forma indefinida. El edificio en donde la Comunidad Otomí ha vivido por casi cuatro años era la sede central del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
La comunidad explicó que su decisión era consecuencia de la falta de voluntad política del Gobierno de la CDMX para resolver la exigencia del cumplimiento del derecho fundamental de vivienda digna que mantienen desde hace 36 años.
EL gobierno de Claudia Sheinbaum no solo no resolvió las demandas de la Comunidad, sino que ordenó múltiples actos de desalojo en su contra; cortó la electricidad y agua del edificio dejando sin servicios básicos a la comunidad en más de 7 ocasiones; criminalizó a integrantes de la toma; y nunca tuvo el respeto y la sensibilidad para sentarse frente a las mujeres y hombres que exigen el respeto a un derecho constitucional.
En 2019, el Gobierno de Claudia Sheinbaum desalojó a la comunidad del predio de Roma 18 con uso excesivo de violencia utilizando a cientos de granaderos que golpearon a toda la comunidad.
Las familias se vieron obligadas a vivir en la calle durante la pandemia; sin agua potable, sin techo, expuestas a inseguridad e insultos por parte de vecinos de la colonia y también a soportar lluvias y frío.
La respuesta de la comunidad fue la toma del edificio del INPI.
La política de desalojo se repitió en 2023, cuando en la madrugada del 16 de octubre, cientos de granaderos golpearon a niñas, personas de la tercera edad, y periodistas que resistieron el desalojo.
El resultado de este brutal operativo policial fueron personas con aberturas en la frente, niñas que fueron golpeadas y tocadas de forma sexual por elementos policiales y mujeres y personas de la tercera edad con esguinces y otras lesiones.
Ningún elemento policial fue suspendido o investigado por estos actos de tortura física, psicológica y sexual.
Fotografía de la conferencia de prensa despues del intento de desalojo de la Casa de los Pueblos que nunca fue investigado pese a las lesiones provocadas por elementos policiales.
Al no lograr el desalojó, Adelfo Regino, titular del INPI, apostó al desgaste de la Comunidad, cortando el agua potable y la electricidad de forma definitiva el 8 de julio y negándose a entablar un diálogo con la comunidad.
La situación tuvo que ser resulta por la misma comunidad. Del gobierno de Martí Batres nunca se tuvo respuesta pese a la gravedad de dejar a niños y niñas sin agua, electricidad y con el riesgo de un desborde de aguas negras del cárcamo del edificio.
Resistencia y Solidaridad: la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes.
A pesar de todos los actos enumerados que han implicado violaciones a derechos humanos, desgaste, y violencia en contra de todas las familias que ahora habitan la Casa de los Pueblos, el pasado 12 de octubre, más de 300 personas acudieron a celebrar la resistencia de la comunidad que logró cumplir 4 años en la toma del INPI.
Con pronunciamientos, y con la asistencia de diversas comunidades indígenas de todo el país, la presencia de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como padres y madres de los 43 estudiantes desparecidos, colectivos, artistas, cantantes, y organizaciones de la sociedad civil; el festejo demostró que la Comunidad Otomí ha logrado construir una red amplia de solidaridad y organización desde abajo y la izquierda, y a través de la construcción de una autonomía dentro de una ciudad que busca capitalizar toda vida humana.
Los niños y niñas, y las juventudes que han crecido dentro de la Casa de los Pueblos, ahora saben sobre distintos movimientos y problemáticas a nivel nacional; además de que se encargan de los procesos de comunicación de la comunidad, participan en proyectos de educación autónoma a través del arte, y gritan con gusto las consignas que han aprendido en estos 4 años de lucha.
Pese a que la Casa de los Pueblos no tiene las condiciones para ser considerada una vivienda digna para las familias que la habitan, el tener un espacio y techo en donde dormir, estudiar, cocinar, y resguardarse, a permitido a los niños y niñas poder avanzar en sus estudios y cierta estabilidad para sus familias.
Sin vivienda, es imposible el desarrollo integral de una persona.
La apuesta del Estado mexicano ha sido el desgaste y la violencia en contra de la comunidad. La respuesta de la Casa de los Pueblos ha sido construir redes, solidaridad, y dignidad.
Varias generaciones de niños y niñas de la comunidad estan creciedo en la Casa de los Pueblos en donde aprenden arte, asisten a eventos políticos, y participan en las actividades de la Casa.
Una nueva administración con una cuenta pendiente
En entrevista con la Comunidad Otomí Residente de la CDMX previo a la reunión del día miércoles 23 de octubre del 2024, enfatizan que la reunión debe mostrar la voluntad política del Gobierno de la CDMX para resolver sus demandas.
La comunidad explica que ya existen acuerdos que fueron firmados por Martí Batres - cuando era Secretario de Gobierno - y por Inti Muñoz- entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX- y quien asumió el cargo de Secretario de Vivienda de la Ciudad de México.
En el documento al cual tuvimos acceso firmado el 27 de mayo del 2024 por Inti Muñoz, contiene una serie de compromisos acordados entre el Gobierno de la CMDX y la Comunidad Otomí para dar solución integral a las demandas de la Comunidad, entre los acuerdos sen encuentros los siguientes puntos:
El Gobierno de la CDMX asume el compromiso de adquirir a través del INVI, el inmueble señalado por la Comunidad Otomí en su pliego petitorio el cual servirá para vivienda de interés social y un proyecto integral que atienda las necesidades de la Comunidad.
El Gobierno de la CDMX a través de la Subsecretaría de Gobierno solicitará que se inicien las obras en el inmueble de Zacatecas.
El Gobierno de la CDMX se compromete a coordinar mesas de diálogo con el titular del INPI, Adelfo Regino, y las Fiscalías local y federal con el fin de revisar probables procedimientos penales y/o administrativos en contra de integrantes de la comunidad otomí residente en la CDMX y representantes de la UPREZ-Benito Juárez.
Como mencionamos al inicio de esta nota, los acuerdos no fueron cumplidos y la administración de Martí Batres culminó su gestión con el brutal acto de represión perpetrado el 5 de septiembre del 2024 en la Alcaldía de Xochimilco en donde una integrante de la comunidad Otomí, Anselma Margarito, fue detenida de forma ilegal y arbitraria, desaparecida por algunas horas, y pese a que la Comunidad Otomí y distintos colectivos lograron su libertad ese mismo día, Anselma continua con la investigación abierta en su contra, junto con otros 4 compañeros.
De acuerdo con la Comunidad Otomí, no hay razón para seguir demorando el cumplimiento de sus demandas de tener vivienda digna; Inti Muñoz lidera la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México y conoce a la perfección el caso y los acuerdos establecidos. Existe ya una ruta de trabajo establecida y la voluntad de la Comunidad Otomí para seguir con el diálogo que se estancó al final del sexenio pasado.
La reunión del día 23 de octubre debe ser de carácter resolutivo y mostrar algún tipo de avance, de no ser así, sería alarmante pensar que la administración de Clara Brugada apostará también al silencio, al incumplimiento de acuerdos. Y, aún más grave, a la violencia, brutalidad policial, y a la criminalización de los integrantes de la comunidad y representantes de organizaciones que han caminado junto a la comunidad por más de 25 años.
Puntualizamos que, pese a que la vivienda es Considerada cada vez más como una mercancía, es por encima de todo, un derecho fundamental presente en el artículo 1° y 4° de la Constitución.
En virtud del derecho internacional, el derecho a una vivienda adecuada entraña tener seguridad de la tenencia, —sin la amenaza del desalojo o la expulsión del hogar o la tierra. Significa vivir en un lugar acorde con la cultura propia y tener acceso a servicios, escuelas y empleo adecuados.
La comunidad merece una vivienda digna, es su derecho; es una deuda pendiente del Estado mexicano que ha negado y discriminado a las comunidades que migran a la ciudad y que habitan en ella.
Vivienda digna. Derecho a la ciudad. Dignidad y respeto. Simples demandas que quedaron grandes a Claudia Sheinbaum.
Y Clara Brugada, ¿tendrá el compromiso y voluntad de garantizar este derecho?
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