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Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, una muestra de la necro política mexicana a manos de Adelfo Regino.
Fotografías por Tony Sánchez
El viernes 5 de julio del 2024, la Comunidad Otomí Residente de la Ciudad de México anunció que da por finalizadas las Mesas de Diálogo que mantenían con el Gobierno de la Ciudad de México y que mantendrán la toma de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” de forma indefinida. El edificio en donde la Comunidad Otomí ha vivido por casi cuatro años era la sede central del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
La comunidad explicó que su decisión es consecuencia de la falta de voluntad política del Gobierno de la CDMX y la nula voluntad del Gobierno Federal para resolver la demanda de vivienda digna que mantienen desde hace 36 años.
Puedes leer la historia de la Comunidad Otomí en este artículo, y en este fotoreportaje.
El anunció se dio después de 15 días desde que la Comisión Federal de Electricidad cortó la electricidad en la Casa de los Pueblos negando el acceso a luz, agua, y drenaje.
La comunidad Otomí atribuye que el corte de electricidad es una estrategia de Adelfo Regino Montes, titular del INPI, y del Gobierno de la Ciudad de México para desgastar a la comunidad y obligarla a entregar la toma que mantienen desde hace 3 años y 8 meses.
Pese a que la Comunidad informó al Gobierno de la Ciudad de México la grave situación que esto representa para la salud, seguridad, y bienestar de los niños y niñas que viven en el edificio y de todas las demás personas; la respuesta por parte de las autoridades fue el silencio y la discriminación en contra de la comunidad.
“A partir de la Toma del INPI, antepusimos las Mesas de Diálogo con las autoridades además, presentamos por oficio a Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la CDMX; a Inti Muñoz, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; a Tania Libertad Argumedo Chávez, del INVI; y a la Secretaria y Subsecretaría de Gobierno, una propuesta de 9 puntos para encontrar una solución justa y digna a las demandas de nuestra comunidad, pero especialmente, ante la insistencia del gobierno de la CDMX y al costo que fuera, para recuperar el edificio que hoy se conoce como la Casa de los Pueblos.”
La comunidad Otomí también denuncia que temen un violento desalojo del edificio. En particular, porque el titular de INPI, Adelfo Regino Montés, ha interpuesto denuncias penales en su contra por la toma del edificio.
En octubre del 2016, el Gobierno de la Ciudad de México intentó desalojar el edificio sin lograrlo. En el operativo elemento policial golpearon a menores de edad, mujeres, personas con discapacidad, y personas de la tercera edad.
La ‘traición’ de Adelfo Regino Montes, titular del INPI
A pesar de que el INPI tiene como objetivo “dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”, la realidad es que nunca ha habido voluntad de parte del INPI y su titular para acompañar las demandas de la Comunidad Otomí y del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Aun cuando Adelfo Regino formó parte del CNI y en 1995 sirvió como asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la negociación que dio lugar a los Acuerdos de San Andrés, permaneció en silencio durante todo el sexenio ante la construcción del Tren Maya y el Corredor Interoceánico; y ante la violencia en contra de comunidades como Ostula, Cherán, Tila, y comunidades zapatistas en Chiapas.
Lejos está la imagen de un Adelfo Regino que fuera consciente de las graves situaciones de violencia que atraviesan los Pueblos Originarios, durante toda su administración ignoró a las personas por las que alguna vez marchó y denunció al gobierno.
No es sorprendente que, durante su administración, al menos tres instalaciones del INPI se encuentran ocupadas por comunidades originarias o en total abandono:
1. El patio del INPI en Tlaxiaco, Oaxaca funciona como refugio para decenas de familias que han sido desplazadas de Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, por grupos paramilitares y talamontes; sin que haya algún plan gubernamental para el retorno de las familias a su territorio y mucho menos para solucionar la situación de fondo.
2. El inmueble del INPI que se encuentra en la comunidad De Alcozacan, Municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero, se encuentra en total abandono por encontrarse en una comunidad que está constantemente acechada y violentada por el grupo narco-paramilitar de los Ardillos y en donde integrantes de comunidades nahuas que resisten en estos territorios, son asesinadas, torturadas y desaparecidas.
3. Las oficinas centrales del INPI tomadas por la comunidad Otomí que exige poder tener una vivienda digna.
En el caso particular de la Comunidad Otomí, Adelfo Regino sólo asistió a la primera mesa de diálogo entre la comunidad y el Gobierno de la Ciudad de México. Durante la mesa, llamó a la comunidad “hermanos”, dijo “entender su lucha” y pidió perdón.
Sin embargo, Adelfo no volvió a pisar las mesas de dialogo, y se ha negado a pagar el adeudo que el edificio tiene con la CFE. Por lo cual, la Comunidad Otomí lo señala como el principal responsable por el corte de electricidad y la situación que enfrenta la comunidad.
“Han pasado 3 años y 9 meses, de haber tomado las instalaciones de lo que fue el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI; hoy renombrado por nuestra resistencia y rebeldía, como la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” y en todos estos años, Adelfo Regino Montes, el traidor de los Pueblos, no tuvo la sensibilidad de escuchar a nuestra comunidad. Se presentó solamente una vez, para ofrecer “disculpas” simuladas y tomar nota de nuestras demandas. Nunca más se volvió a presentar en las Mesas de Dialogo y mucho menos para resolver nuestras demandas. De este tamaño es el desprecio y discriminación de Adelfo Regino, responsable de atender a los pueblos indígenas de esta nación.”
COMUNIDAD OTOMÍ. LA PIEDRITA EN EL ZAPATO.
El término “Necropolítica”, fue acuñada años atrás por el camerunés Achille Mbembe, y describe un estado de excepción que se convierte en una nueva normalidad; una narrativa de guerra perpetua contra todo tipo de enemigos; y una política que promueve la muerte de sus ciudadanos. Es decir, en vez de procurar la vida, los Estados eligen cuales vidas son desechables.
Además de la violencia directa, la necropolítica también niega a amplios grupos de la sociedad condiciones y servicio necesarios para la vida digna, como lo es la salud, la vivienda, la alimentación, entre otras. La necropolítica no es asunto de un partido político en particular, sino la manera estructurada de ejercer el poder político a nivel mundial, sin diferencias entre gobiernos que se identifican de derecha o de izquierda.
En el caso de México, este tipo de políticas se ha consolidado con mayor fuerza desde el inicio de la guerra contra las drogas. La narrativa y creación de una "guerra interna" ha fomentado la normalización de la violencia; asesinatos; feminicidios; desapariciones forzadas; actos de tortura; masacres; desplazamientos forzados y otros tipos de violencias que justifican políticas de Estado como la militarización , el espionaje, y la violencia del Estado con sus mismos ciudadanos.
La respuesta del Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México a las demandas de Comunidad Otomí es un ejemplo claro de formas de necropolítica que se viven en territorio mexicano. El gobierno morenista ve a la comunidad Otomí como un enemigo, y elige responder con violencia antes que garantizar los derechos humanos como lo es el derecho a la vivienda.
“Llevamos más de 30 años demandando el derecho a una vivienda digna y decorosa como lo establece el Art. 4º Constitucional y ésta, nos ha sido negada, como también, nos ha sido negada, la salud, la educación, el trabajo, la alimentación y la justicia. Sexenios y administraciones de la CDMX han pasado y ninguna, incluyendo la mal llamada “Cuarta Transformación”, tuvieron la sensibilidad política para resolver nuestras demandas.”
Mientras que el Gobierno de la Ciudad de México facilita la construcción de edificaciones como Mítikah que promueven el estrés hídrico en la zona y la gentrificación, niega a familias indígenas la construcción de una vivienda pagada en la zona.
Es importante analizar que la discriminación que la Comunidad Otomí enfrenta es también ejercida a otros grupos sociales que parecen no caber en la ciudad “innovadora y derechos humanos” que MORENA ha vendido al capital extranjera.
La estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para justificar su actuar es culpar a la comunidad, argumentando que los bloqueos de la Avenida México Coyoacán, no permiten encontrar una solución al “conflicto”.
Habría que recordar a Martí Batres, y a las demás autoridades correspondientes, que no existe conflicto alguno en este caso. La comunidad lleva más de 20 en espera del crédito para su vivienda, lo único que exigen, es la garantía de un derecho humano que la Constitución mexicana reconocer en su Artículo 4to.
Las y los que ahora son madres y padres de las niñas y niños que habitan la Casa de los Pueblos, comenzaron su lucha por una vivienda digna incluso antes de cumplir la mayoría de edad; crecieron en la lucha por la vivienda, que hasta el día de hoy siguen sin poder disfrutar.
El Gobierno de la Ciudad de México también olvida que el ejercicio del derecho a la protesta, no justifica que se niegue la garantía de otro derecho humano, y mucho menos que se sancione a quienes lo ejercen.
Al negar a la Comunidad Otomí el derecho a la vivienda, el Gobierno mexicano pone en riesgo otros derechos humanos y en particular el derecho de los niños y niñas a tener una vida digna, educación, salud, paz, justicia y a tener una vida libre de violencia.
¿De qué manera los niños y niñas de la comunidad podrán tener la preparación y herramientas suficientes para obtener un trabajo que pueda solventar la compra o construcción de una casa, si se les obliga a vivir en situación de calle?
En este último apartado compartimos algunos testimonios de las niñas y niños que anteriormente vivían en situación de calle, y que ahora habitan la Casa de los Pueblos, viviendo con el miedo de ser desalojados.
Testimonios
- ¿Te gusta vivir en la toma?
“Si, aquí si esta chido vivir, ya no tenemos que pasar entre los borrachos que nos decían de cosas, y los vecinos ya no nos avientan piedras ni nos gritan cosas feas” Niña 10 años.
- ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en la toma?
“Que ya no duermo mojada, aquí no entra la lluvia, ya no me caminan las cucarachas mientras duermo, ni las ratas se roban mis cosas” Niña 8 años.
- ¿Qué quieren ser cuando sean grande?
“Yo quiero aprender inglés para trabajar en Estados Unidos, juntar mi dinero para comprar una casa en el rancho y vivir en mi casita” Niño 9 años.
“Yo quiero ser doctora y zapatista” Niña 7 años.
“Yo quiero ser granadero, porque ellos siempre ganan en los golpes, si soy granadero ya nadie me va a correr de mi casa” Niño 12 años.
- ¿Cómo quieres que sea tu casa?
“Donde vivamos toda mi familia junta, quiero tener mi cuarto, una cama rosa y un lugar para tener un perrito, porque mi mamá dice que aquí no se puede tener perrito” Niña 5 años.
Desde el Observatorio Memoria y Libertad nos mantenemos alerta y atentos ante cualquier intento de desalojo y/o criminalización de la Comunidad Otomí.
Hacemos responsables al Gobierno Federal, al Gobierno de la Ciudad de México y su titular Martí Batres y a Adelfo Regino titular del INPI por la integridad de todas las personas que habitan en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.
Exhortamos a las instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales a no ignorar las múltiples violaciones de derechos humanos que se han cometido a lo largo de varias décadas en contra de la Comunidad Otomí residente de la CDMX.
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