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El jueves 20 de junio, la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas "Samir Flores Soberanes" por onceava vez.
La comunidad Otomí Residente de la Ciudad de México, denuncia que el corte de electricidad es una estrategia del gobierno para desgastar a la comunidad que mantiene la toma del edificio desde el 12 de octubre del 2020.
La toma del edificio fue una forma de protesta de la comunidad para exigir el derecho a una vivienda. Esta lucha lleva más de 25 años, en los cuales ningún gobierno ha tenido la voluntad política de garantizar los derechos de la comunidad.
El corte de electricidad ha dejado sin acceso a agua potable, luz y drenaje a todas las familias que habitan la Casa de los Pueblos y que están conformadas por niños y niñas, adolescentes, mujeres, hombres y personas de la tercera edad.
Las familias se han visto forzadas a levantar una campamento a las afueras del edificio como forma de protesta, pero también porque la falta de luz no permite que se pueda utilizar el edificio de forma segura.
Sin agua en el edificio, la comunidad recolecta agua de lluvia para cubrir sus necesidades básicas.
Esta no es la primera vez que la comunidad Otomí residente de Ciudad de Mexico es forzada por las autoridades a vivir en la calle.
En 2019, el Gobierno de Claudia Sheinbaum desalojó a la comunidad del predio de Roma 18 con uso excesivo de violencia utilizando a cientos de granaderos que golpearon a toda la comunidad.
Las familias se vieron obligadas a vivir en la calle durante la pandemia; sin agua potable, sin techo, expuestas a inseguridad e insultos por parte de vecinos de la colonia y expuestos tambien a soportar lluvias y frío.
Hoy la comunidad se enfrenta a un panorama de represión y criminalización.
El gobierno morenista de la CDMX se rehúsa a resolver la demanda de vivienda de la comunidad; pese a que en mesas de diálogo se han comprometido a comenzar la construcción de unidades habitacioneles en el predio de Zacatecas 74 en la colonia Roma el cual ya fue expropiado por el gobierno en beneficio de la comunidad.
De igual forma, Martí Batres se comprometió a la compra de otro predio para la construcción de la nueva Casa de los Pueblos.
Sin embargo, las mesas de diálogo han sido totalmente abandonadas por las autoridades involucradas, incluyendo al Secretario de Gobierno de la CDMX, Ricardo Ruiz Suarez; el titular del Instituto de la Vivienda de la CDMX, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Inti Muñoz.
Además de negar el derecho a una vivienda, el Gobierno de la CDMX ha puesto como fecha limite a la comunidad entregar el edificio el 15 de agosto de este año, ya que bsucan entregar a Clara Brugada una ciudad limpia de resistencias y luchas sociales.
La comunidad teme un desalojo violento de la casa de los Pueblos similar al intentó de desalojo que la comunidad vivió el 16 octubre del 2023 , cuando cientos de granaderos golpearon a niñas, personas de la tercera edad, y periodistas que resistieron el desalojo.
Esta vez se teme que el operativo sea aún más violento o que se utilicen grupos de choque para deslindarse de los actos.
Los niños y niñas de la comunidad viven con miedo a que "lleguen policias" a sacarlos de su casa.
En este momento el silencio por parte del gobierno es firme. Se niegan a reconectar la luz pese a las múltiples violaciones a los derechos humanos incluidos los derechos de los niños y niñas de la comunidad.
Existe un cerco mediático, existe hostigamiento policial y judicial ya que se conoce de que existen carpetas de investigación en contra de miembros de la comunidad y de Diego Bautista que acompaña la lucha desde hace 20 años.
El gobierno morenista tiene toda la capacidad de solucionar el problema, sin embargo, lo que también existe es un castigo a la comunidad Otomí que no se ha sometido a la 4ta transformación y que además tiene una clara conviccion zapatista y de lucha por la autonomía.
La situación en la casa de los Pueblos es crítica: las mujeres tienen que lavar la ropa al pie de la banqueta y bajo la lluvia, las familias duermen en sillas y en el piso de la avenida con miedo a que llegue un operativo a desalojarlos.
El carcamo que contiene las aguas negras del edificio está a punto de desbordarse, y los niños y niñas de la comunidad no pueden bañarse, asistir a la escuela y poder estudiar en un ambiente seguro.
El carcamo lleno de aguas negras está a punto de desbordarse.
El desprecio del Gobierno morenista en contra de la comunidad es un acto inhumano, racista y cobarde.
Sin embargo, las mujeres y hombres de la comunidad Otomí Residente de la Ciudad de México se niegan a rendirse. ¿Por qué lo harían? ¿ Acaso alguien se resignaría a vivir en la calle por capricho de un gobierno ?
No hay nada más que perder, dicen los jóvenes de la comunidad. Las barricadas siguen vivas. El café y la comida se comparten con colectivos solidarios que acompañan a la comunidad en las noches de guardia.
Si el gobierno de la Ciudad de México quiere desalojar la Casa de los Pueblos tendrá que hacerlo mostrando su verdadera cara: autoritarismo, racismo, violencia y desprecio a favor de intereses capitalistas.
La dignidad de mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas indígenas por un lado. La miseria de un gobierno inhumano por otro.
La fortaleza del pueblo Otomí es una gran fuente de inspiración para los pueblos que luchan en contra del olvido y el racismo institucional. Mis respetos para quienes acompañan estas luchas.