Gobierno Federal abandona a comunidad de Coahuayula, Michocán frente a ataques de Grupos Armados

En la comunidad de Coahuayula, municipio de Chinicuila, Michoacán, la desaparición forzada del maestro José Gabriel Pelayo Zalgado, ocurrida el 19 de marzo de 2024 en Coalcomán, ha desencadenado una ola de violencia sin precedentes que ha sacudido a las comunidades de la región Sierra Costa.

José Gabriel Pelayo, defensor de los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente, se encontraba comprometido con la educación y organización comunitaria, destacando por su incansable lucha por los derechos de los pueblos originarios.

Su desaparición ha dejado una profunda huella de inseguridad, sufrimiento y desprotección en una zona históricamente vulnerada por el abandono del Estado y que además ha enfrentado recientemente la llegada de grupos del crímen organizado que buscan controlar a las poblaciones o desplazarlas de sus territorios.

José Gabriel no solo era un maestro, sino un líder social que fomentaba la organización de las comunidades en defensa de su territorio y su cultura. Su desaparición, se registró en su traslado de la comunidad de Coahuayula a Coalcomán a donde se dirigía para realizar compras y atender asuntos personales.

La desaparición del profesor Pelayo, fue el inicio de una serie de ataques violentos que, tanto como Coahuayula como las comunidades vecinas sufrirían en los meses siguientes.

Coahuayula, Laguna de Calvillo y El Ranchual han sido blanco constante de ataques violentos por parte de grupos criminales, que han llegado utilizar explosivos lanzados con drones, armas de alto calibre, y minas terrestres para aterrorizar a los habitantes.

En varios de los incidentes, las comunidades han quedado completamente incomunicadas debido al bloqueo de carreteras y la colocación de artefactos explosivos en puntos estratégicos de entrada y salida de las comunidades.

Ataques registrados por la comunidad

• En mayo de 2024, el grupo delictivo atacó las viviendas de Coahuayula, lanzando explosivos y detonando armas de fuego, mientras rodeaban la comunidad y bloqueaban las salidas. En este mes de ataques, el grupo asesinó a dos agentes policiales comunitarios mediante el uso de explosivos.

  
  

• El 21 de abril de 2025, la situación alcanzó un nuevo nivel extremo de gravedad ya que la comunidad se percató que los Grupos Armados, habían colocado minas terrestres a lo largo de la carretera que conecta Coahuayula con El Ranchual, dejando a las comunidades completamente aisladas y vulnerables.

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades , tanto del nivel local, estatal y federal, no han tomado medidas suficientes para proteger a la población y tampoco para desarticular a los grupos delictivos responsables.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha sido señalada por su inacción, ya que, a pesar de las denuncias y las demandas de justicia por parte de las comunidades afectadas, no se han logrado avances significativos en la investigación de los crímenes como es la desaparición del profesor José Gabriel Pelayo y el asesinato de los policias comunitarios.

La exigencia de un retén militar permanente en puntos estratégicos de la región, como el crucero de Los Telares, y la instalación de puestos de vigilancia por parte del Ejército Militar, ha sido ignorada.

También así la exigencia por parte de las comunidades, en repetidas ocasiones, de establecer mesas de trabajo con las autoridades para abordar la crisis de seguridad en la región.

El marco de derechos humanos ha sido claramente vulnerado en la región, donde los habitantes se enfrentan a amenazas constantes a su vida y libertad, mientras que los defensores de los derechos humanos, como el profesor Pelayo, estan en riesgo inminente de ser víctimas de delitos como la desaparición forazada.

Organizaciones de derechos humanos a nivel nacional como la Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red TDT han documentado estos hechos y han exigido justicia.

Exigencias de la comunidad

En la actualidad, los familiares de José Gabriel Pelayo y las comunidades afectadas siguen luchando por su regreso con vida y por el castigo a los responsables de su desaparición.

Sin embargo, el miedo y la inseguridad siguen dominando la vida cotidiana de los habitantes de la región, dificultando el proceso de exigencia de justicia y en general, la vida de todas las personas.

Las demandas de las comunidades de Michoacán son claras: justicia para los desaparecidos, desarticulación de los grupos armados del crímen organizado que controlan la región y garantías para el ejercicio de los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes y efectivas para proteger a la población y garantizar que no haya más desapariciones, asesinatos ni ataques a defensores del territorio.

La respuesta de los tres niveles de gobierno debe ser inmediata, estructurada y guiada por los derechos humanos, para encontrar al profesor José Gabriel Pelayo, evitar la repetición de este acto y otros y para devolver la paz a una región que ha vivido en el miedo y la incertidumbre durante demasiado tiempo.