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El próximo 14 de diciembre, se cumple una década desde que el grupo caciquil de Manuel Zepeda y Elisa Zepeda, actual diputada local en el Congreso de Oaxaca por el partido de Morena, fabricó una serie de delitos en contra de más de 56 personas de su comunidad, Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
A una década de estos hechos, la comunidad y las familias afectadas han logrado comprobar la inocencia de todas las personas que han sido perseguidas y/o encarceladas.
Este año, después de años de lucha y resistencia, se logró la libertad de Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, tres de los integrantes de la Asamblea Comunitaria que habían permanecido encarcelados de forma injusta e ilegal por más de 9 años.
En la celebración de la Faena Internacionalista en tierras de Flores Magón, el pasado 25 y 26 de noviembre, la comunidad se unió junto con colectivos y personas solidarias de todo México y de otros países, para seguir exigiendo que los procesos penales se cierren, y así, permitir a las familias perseguidas regresar a su hogar, a su tierra, sanar y continuar con su organización y trabajo comunitario.
El sistema penal como herramienta de castigo.
El caso de Eloxochitlán de Flores Magón demuestra que contrario al discurso oficialista de la 4ta Transformación, en México, siguen existiendo presos políticos y el sistema penal se sigue utilizando como un instrumento de castigo en contra de la organización comunitaria.
La persecución y prisión política responden a una lógica de desarticular a las comunidades y grupos que afectan los intereses económicos y políticos de grupos políticos y caciquiles como es el caso de la diputada Morenista Elisa Zepeda.
En esta década ha logrado escalar en las filas del gobierno, en el PRI como Presidenta Municipal de Eloxochitlán, y con MORENA como Secretaria de la Mujer y ahora como diputada local, creciendo así influencia política y económica.
Su padre, Manuel Zepeda, ha logrado con esta influencia tener acceso irrestricto a los recursos naturales de la comunidad, y en particular, a la piedra y grava de los ríos que corren por las tierras de Eloxochitlán.
Este tipo de casos, no serían posibles sin la protección gubernamental de los poderes en turno y sin la corrupción directa de autoridades de distintos niveles.
Como hemos documentado en piezas periodísticas y de investigación, el Juzgado Mixto de Huautla y el Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, han sido actores claves en permitir el encarcelamiento de personas inocentes y en extender el proceso de forma tortuosa e innecesaria.
Ambas autoridades judiciales han causado graves violaciones a los derechos humanos de las personas acusadas y en contra de sus familiares y de la comunidad; utilizando la revocación de sentencias de libertad ganadas en el orden federal, justificando el encarcelamiento de personas de la comunidad por delitos que se han comprobado en múltiples ocasiones que no existen.
Cabe recalcar que, la Reforma Judicial aprobada en septiembre de este año, no tocó las estructuras judiciales del nivel local que en casos como en el de Eloxochitlán, son los principales responsables de permitir actos totalmente ilegales y que atentan contra los principios del derecho, los derechos humanos, y el respeto a la Constitución mexicana.
La destrucción del tejido social, el desplazamiento forzado de familias enteras de la comunidad, abandonamiento escolar, afectaciones a los ingresos familiares que vulneran la vida digna de familias campesinas, y múltiples impactos emocionales como estrés postraumático y rupturas familiares; son algunos de los impactos que los procesos penales en contra de la comunidad han ocasionado a lo largo de una década.
Actualmente, 18 hombres de la comunidad continúan en una situación activa de persecución política, manteniéndolos a ellos y a sus familiares en un estado de alerta, estrés y miedo a ser detenidos, torturados y encarcelados una vez más.
¿Qué sigue en el caso de Eloxochitlán de Flores Magón?
Durante la Faena Internacionalista por la Justicia 2024, la comunidad de Eloxochitlán hizo público la ruta que seguirán para lograr la libertad plena de todas las personas perseguidas y bajo proceso.
Exigiendo al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, al Jugado Mixto de Huautla y al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, tomar las medidas necesarias para un trabajo interinstitucional que termine con este proceso de una vez por todas.
En el caso de Herminio Monfil, Fernando Gavito, Jaime Betanzos, Alfredo Bolaños, y Francisco Durán, se exige de forma directa el cierre del proceso penal 02/2015, que tenga como resultado la sentencia absolutoria a favor de los mencionados.
En el caso específico de Francisco Durán se exige otorgar el amparo que vuelva a dejar en pie la libertad ganada contra el delito de incendio, el cual como en el caso de otros compañeros de la comunidad, no puede ser acreditado por el Ministerio Público.
La comunidad exige también el derecho a la amnistía para 12 compañeros perseguidos políticos que pese a tener múltiples amparos a su favor, siguen en calidad de perseguidos debido al actuar en mala fe del Juzgado de Huautla y el Tribunal Superior de Oaxaca que les mantienen en un ciclo interminable de persecución política .
Dentro del caso de persecución política en contra de la comunidad de Eloxochitlán, se encuentra Miguel Peralta, otro de los hombres mazatecos que fue víctima de un encarcelamiento ilegal por más de 5 años, y al cual, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca le revocó su libertad ganada en 2019.
En el comunicado emitido por el Grupo de Apoyo en Solidaridad con Miguel Peralta, el pasado 6 de noviembre informan sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual atrajo el caso, a través del Amparo Directo en Revisión 6535/2023 en el cual se pedía revirar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Oaxaca, y utilizar en esta revisión un enfoque intercultural y la jurisprudencia existente en materia de derechos indígenas y derechos colectivos de los Pueblos Originarios.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedó corta a lo esperado ya que pudo haber dictado la libertad absoluta de Miguel Peralta, sin embargo, sólo, revocó la sentencia del Tribunal Colegiado, regresando el caso a los juzgados de Oaxaca.
El Grupo de Apoyo en Solidaridad con Miguel Peralta, exige que “la sentencia de la Corte sea clara y contundente, que le de lineamiento concreto al Tribunal sobre cómo resolver y que Miguel sea plenamente libre.”
Oaxaca: foco de persecución y encarcelamiento político
El caso de persecución y prisión política de Eloxochitlán no es el único en el estado de Oaxaca, en donde por décadas el derecho penal se ha utilizado para desarticular los procesos de articulación comunitaria en defensa de los territorios.
La llegada de Salomon Jara al estado que terminó con la dominación del Partido Revolucionario Interinstitucional (PRI), no ha cambiado la realidad de la prisión y persecución política en el estado.
A continuación, enlistaremos algunos de los casos que hemos identificado que responden a una lógica de criminalización en contra de integrantes de comunidades indígenas que pertenecen a procesos de defensa del territorio y organización comunitaria bajo usos y costumbres:
Caso de Roberto Cárdenas Rosas, indígena Triqui de San Miguel Copala, encarcelado desde el 2003 pese a que ha comprobado múltiples inconsistencias en su caso. Roberto Cárdenas fue acusado de un segundo cargo de homicidio ya en prisión, argumentando que planeó el asesinato dentro del penal. Roberto Cárdenas ya ha obtenido sentencias de libertad que le han sido revocadas enfrentando una condena de 100 años de prisión.
Caso de Presos Políticos de San José Independencia, Oaxaca, en donde dos profesores, Juan Pablo M. y Gabriel C que trabajaron para el beneficio de la comunidad, fueron detenidos arbitrariamente y encarcelados en 2021 acusados por el grupo caciquil de la región por un homicidio en la zona. Ambos fueron condenados a 32 años en prisión.
Caso de la comunidad indígena chontal, “El Coyul”, en el Istmo de Tehuantepec, en donde 21 habitantes han sido sentenciados a 15 años de prisión y a pagar más de 55 millones de pesos en reparaciones por cargos fabricados de despojo y secuestro. Las personas de la comunidad, se oponen a la construcción de un proyecto inmobiliario llamado “Residencial Punta Faro”, que amenaza con destruir manglares y zonas de anidación de tortugas.
La existencia de más de 30 procesos penales abiertos en contra de distintas comunidades en la zona del Istmo de Oaxaca, criminalizadas por oponerse a la construcción del Tren Interoceánico y a los diversos parques industriales y otros proyectos que le acompañan y que han creado una situación permanente de desplazamiento de las comunidades, despojo, violencia, y destrucción ambiental.
La prisión y persecución política en el estado de Oaxaca responde a las dinámicas de despojo territorial, desplazamiento de las comunidades, y apropiación de sus tierras, costumbres, y tradiciones para la folclorización y explotación económica para el disfrute y beneficio de los extranjeros y las élites mexicanas.
El proyecto del Tren Interoceánico y la creciente gentrificación y turistificación masiva en el estado buscan eliminar a las comunidades que, por siglos, han logrado preserve el territorio, la cultura, y la lengua de sus pueblos.
El sistema penal es una de las armas del Estado para lograr ese cometido, las comunidades tienen dos panoramas: someterse al régimen caciquil en el estado, o defender su territorio enfrentándose entonces a la represión y a procesos penales fabricados y, por ende, al encarcelamiento de sus integrantes.
Pese a esta oscura realidad, las Mujeres Mazatecas y la Comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón han construido una tercera alternativa: luchar por la libertad y por el derecho a la libre autodeterminación.
A través de la fe, de la solidaridad entre pueblos y colectivos, y de una lucha incansable, la comunidad de Eloxochitlán ha demostrado que se puede hacer frente a los grupos caciquiles que trabajan para desmantelar y destruir los tejidos comunitarios.
A diez años de esta lucha, y más de 500 años de resistencia de las comunidades originarias en el país, debemos exigir un alto total a la persecución y encarcelamiento de quienes defienden su cultura y su territorio.
La primavera oaxaqueña no existe para quienes no venden su tierra a extranjeros y millonarios empresarios.
Exigimos libertad plena para todas las personas de la comunidad de Eloxochitlán y para todas las personas criminalizadas por el gobierno morenista de Salomón Jara.
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