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Desde las décadas de los 60s,70s y 80s, los Estados alrededor del mundo desarrollaron tácticas de contrainsurgencia buscaban destruir movimientos sociales conformados por estudiantes, mujeres, campesinos, pueblos indígenas, académicos y artistas.
Estas tácticas incluyeron guerras frontales que terminaron en el genocidio de comunidades enteras como lo fue la Guerra Civil en Guatemala y guerras llamadas "de baja intensidad” como se le conoce en México al periodo de la Guerra Sucia.
Durante este periodo, el Estado mexicano y diversas instituciones como el Ejército mexicano participaron en delitos como el espionaje, la desaparición forzada, la persecución y prisión política en contra de activistas, asesinatos extrajudiciales, tortura, masacres, y el ocultamiento de la verdad.
Aunque se piensa que estas épocas son lejanas y que actualmente no se cometen esta clase de crímenes de estado; en la realidad, el Estado mexicano continúa ejerciendo prácticas represivas para disolver y castigar a personas, colectivos, y comunidades que se organizan en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
La prisión política que enfrentan activistas como Kenia Hernández, Fidencio Aldama, Karla y Magda, y los presos mazatecos de Eloxochitlán, son ejemplo de cómo el gobierno mexicano busca castigar la lucha social y así disolver organizaciones colectivas y comunitarias. Todos estos casos presentan la fabricación de delitos por parte de las Fiscalías de diferentes estados; por ejemplo, Fidencio Aldama cumple una condena por homicidio pese a que el arma que él portaba no coincide con el arma utilizada para asesinar a un joven de su comunidad.
Los y las activistas también continúan siendo reprimidos en las calles por policías y distintos elementos de seguridad, prueba de ellos son los hechos ocurridos en Cancún durante una protesta feminista en donde un policía disparó a las asistentes hiriendo a varias personas; Chimalhuacán en donde mujeres fueron brutalmente golpeadas a las afueras de la Fiscalía del Municipio sufriendo fracturas y contusiones; y el caso reciente de represión policial en Tlaxcala en contra de las estudiantes normalistas de Panotla, que tuvo como resultado el asesinato de una joven normalista.
Las últimas filtraciones por el grupo de hackers feministas “Las Guacamayas” también han permitido conocer que el Ejército mexicano continúa con prácticas de espionaje en contra de activistas y que consideran igual de amenazantes a movimientos sociales que a grupos de narcotráfico (algo que ya no sorprende, puesto que también se ha revelado que el Estado mexicano y los grupos del narcotráfico trabajan gustosamente en colaboración).
El panorama es gris para los y las defensoras de derechos humanos en México, las organizaciones de derechos humanos en el país, aunque bien intencionadas, no logran dar el apoyo necesario a todos y todas las activistas y comunidades que son víctimas de brutalidad policial, tortura, persecución y prisión política por lo que múltiples delitos y crímenes cometidos por el Estado mexicano quedan en completa impunidad y en el olvido colectivo.
Analizando aún más la terrible situación en contra de la lucha social en México, observamos también que los y las activistas pobres, los y las de las periferias, las y los jóvenes, y los pueblos campesinos son los más reprimidos por el Estado y, al mismo tiempo, son los grupos sociales que no cuentan con algún tipo de apoyo por parte de organizaciones nacionales e internacionales.
A esta ecuación, se suma la falta de apoyo por parte de estas organizaciones a movimientos que toman acciones en contra del sistema, como lo son la okupación de espacios, las acciones directas durante movilizaciones, y la recuperación de territorios por medio de guardias comunitarias armadas.
Por esta razón, surge este Observatorio por la Libertad y la Memoria, como un ejercicio y propuesta independiente que proviene del respeto a los movimientos sociales y activistas en la primera línea, aquellos y aquellas que se atreven a desafiar al sistema, y que construyen nuevas formas de vida que son tan amenazantes para los sistemas internacionales que buscan ser aplastados por los gobiernos.
El Observatorio Memoria y Libertad es un colectivo que se enfocará en documentar los crímenes perpetrados por el Estado mexicano y sus brazos armados (policías, militares, y paramilitares), con el fin de construir una memoria colectiva que no pueda ser ocultada ni borrada por los gobiernos autoritarios presentes y los que están por venir.
Nuestros objetivos son:
· Documentar los crímenes perpetrados por el Estado mexicano y sus brazos armados (policías, militares, y paramilitares)
· Acompañar a víctimas de brutalidad policial, tortura, criminalización, persecución política, y prisión política desde las áreas de documentación, la construcción de la memoria, y la protesta en diferentes espacios.
· Documentar los procesos y experiencias de las personas en la primera línea de la defensa de la vida.
· Compartir talleres, experiencias y cualquier tipo de herramienta con colectivos en la primera línea.
· Crear una red de resistencia contra la brutalidad del Estado mexicano y contra la militarización.
· Promover soluciones de paz y justicia que nacen desde las comunidades incluyendo la contracultura y la comunicación creativa, independiente y antisistémica.
Esperamos que este Observatorio por la Memoria y la Libertad pueda acompañar a diversas luchas y que pueda abonar a la construcción de una memoria colectiva que no permita que los crímenes de Estado queden en el olvido o en el perdón colectivo.